¿Hacia dónde van la Ciudad Maravilla y sus habitantes?

 

“El pronóstico es malo. Estamos a punto de cruzar una línea tras la cual se va a invertir todo: lo incorrecto estará bien y lo correcto estará mal. Eso es lo que está predominando, y si las cosas siguen así, la ciudad entonces será otra”.

Miguel Coyula

 arquitecto planificador

Aquí hay tres factores que han influido en que la marginalidad ya no sea marginal: en primer lugar, la existencia desde antes de un núcleo de marginalidad en las ciudadelas, los barrios insalubres, que eran gente que vivía  en la marginalidad. El segundo grupo de problemas fueron los emigrantes de zonas que venían aquí y querían cultivar, y criar gallinas o sembrar plátanos en la ciudad. Los marginales, los campesinos que vinieron para la ciudad y los parientes copian el estilo de los que se fueron. Creo que de ahí fue saliendo el estilo ridículo ese, que son unos balaustres con unas mujercitas, delfines, leoncitos, tejitas, cuando esos balaustres no van con el estilo de esta época. Estoy hablando de 1920 cuando se usaba eso.

Mario Coyula

arquitecto

 

Dos textos de gran calidad, como suelen ser los publicados en la revista  La Jiribilla,  me han hecho reflexionar una vez más sobre un problema que no me preocupa únicamente a mí: ¿Hacia dónde  van La Habana y sus habitantes?  Si como ha dicho alguien, el hombre es su casa y la arquitectura refleja a quienes la viven, ¿qué le espera a nuestra Ciudad Maravilla en un futuro no muy lejano? Su rostro está cambiando y no para más belleza.

Renacer La Habana, entrevistas realizadas por un colectivo de autores a arquitectos, inversionistas, abogados y otros profesionales relacionados con el tema—, y La Habana: una ciudad cubana o una ciudad en Cuba, del prestigioso arquitecto Miguel Coyula, analizan los cambios dramáticos que está sufriendo la arquitectura citadina, pero a la vez dejan al descubierto la presencia de un conjunto de males que están devorando nuestra capital: el individualismo feroz, el vandalismo, la improvisación, la impunidad frente a la ley, la especulación, el oportunismo, la paupérrima formación cultural de una significativa mayoría de la población capitalina, y la inercia de las instituciones ante conductas salvajes y erráticas que socavan no solo los valores arquitectónicos, sino también los valores morales y sociales  de la ciudadanía.

Sería engañoso atribuir este estado de cosas a la implantación siempre creciente en la capital de ciudadanos de otras provincias que suelen traer consigo valores (o no valores) culturales y conductuales diferentes a los que han caracterizado históricamente a esta urbe. Y también lo sería culpabilizar a los trabajadores por cuenta propia o a cualquier individuo que posea ingresos económicos superiores a la media, porque  construyen sus  viviendas y locales destinados a todo tipo de comercio sin el debido asesoramiento de especialistas. Estos son solo efectos secundarios de un mal mayor cuya raíz se encuentra en otra parte. Pero antes de llegar a ello vale la pena reflexionar un poco sobre algunos aspectos del problema.

¿De dónde salen el mal gusto y las “excentricidades” que alarman a los arquitectos en tantas nuevas construcciones habaneras, con su eclecticismo de pastiche, sus colores chillones y todo un catálogo de ornamentos ridículos y anacrónicos? El sello de la arquitectura habanera ha sido precisamente el eclecticismo, la mezcla de estilos que ha hecho de La Habana una ciudad con personalidad propia en el mundo globalizado, pero esa mezcla fue el producto del trabajo de firmas de arquitectos altamente profesionales, muchas de ellas de prestigio internacional como Govantes y Cabarroca, quienes diseñaron, entre otras obras, el Capitolio de La Habana, de estilo neoclásico y considerado uno de los seis palacios de mayor relevancia a nivel mundial, y el célebre  palacete de Catalina Lasa, ubicado en 17 y Paseo, donde el art deco se entrelaza con un estilo florentino renacentista. Eran diseños basados en una cultura humanística,  un gran sentido estético, armoniosos, elegantes, bellos. Pero ¿quiénes decoran hoy sus nuevas casas con balaustradas de muñecos hieráticos que imitan de manera burdísima  las cariátides del majestuoso Malecón 17? Las cariátides[1] pertenecen a la cultura griega pre-clásica y formaron parte de nuestra arquitectura neoclásica republicana. ¿Por qué regresan ahora, incluso para coronar una esperpéntica torre de cuatro pisos levantada en el santosuareño solar de La Margarita?

¿Y esos medallones con cabezas de leones, águilas y otros símbolos “raros” que ostentan cada vez con más frecuencia las fachadas de casas particulares recién construidas o remodeladas? Son patéticas copias de los mismos medallones que todavía pueden verse en los frontones de inmuebles construidos durante el machadato, y que fueron en su época un penoso intento de aquella burguesía republicana emergente  por apropiarse las marcas de linaje codificadas en los escudos de armas y otros símbolos heráldicos que ostentaban las mansiones de la aristocracia colonial.

¿Y esas paredes revestidas con distintas clases de piedras que fueron gala de la arquitectura de Miramar en los años cuarenta y cincuenta, y hoy resultan en otras partes de la capital un triste monumento a la vulgaridad y la chapucería constructiva?  Estas imitaciones de modelos y códigos provenientes de  las barriadas de los ricos de ayer, reaparecen ahora como banderas  y  marcas de estatus económico, reclamos de lustre y validación social, soberbia de una clase que despunta y que, para mal de la ciudad y su gente, acaban convirtiéndose en modas chabacanas y absurdas. Los colores chillones, que al decir de los arquitectos en ocasiones recuerdan más a la repostería que a la arquitectura, hacen que uno se pregunte qué tienen en sus cabezas esas personas que no tienen claro si quieren vivir dentro de una casa o si su sueño es habitar en el interior de un kake. Sin comentarios.

Pero no todos los delirios son autóctonos y no hay que desestimar las influencias provenientes del extranjero, de las que no siempre se toma lo mejor,  y como botón de muestra va la siguiente anécdota, conmovedora en su ingenuidad: Una familia visita a su hijo muy bien instalado en Miami. Cuando regresan a La Habana quieren tener en su casa una chimenea igual a la que posee el hijo en su mansión, pero aquella es una chimenea hindú, flanqueada por dos estilizados budas de bronce a tamaño natural ataviados con tocados donde relucen incrustaciones de piedras semipreciosas; son kitsh sí, pero de excelente factura, y el cuerpo de la chimenea es de un raro mármol verde con marco de oro. La primera cuestión a resolver por los inocentes imitadores habaneros es la identidad de las figuras, que por  ignorancia de ellos mismos y de los tallistas acaban convertidas en dos enormes orishas de cemento,  mientras el cuerpo de la chimenea es de cerámica.  La familia muestra a todos con orgullo su “flamante” chimenea.

¿Qué ha hecho posible esa distorsión de la arquitectura habanera, con sus ruinas y bodrios que devienen expresión del deterioro conductual y estético de sus habitantes? La falta de atención y de control estatal y su temible hija Impunidad, como apunta el arquitecto Coyula en su excelente artículo, y vienen señalando desde hace tiempo especialistas en otras materias, entre los cuales abundan las llamadas de advertencia de la prensa nacional.

Cuba, como cualquier Estado de Derecho, posee un sistema de Leyes, Códigos Penal y Civil, Tribunales, Fiscalías municipales, provinciales y General de la República, Instituciones de Planificación Física y de Vivienda en los mismos tres niveles, y muchas, muchas normas y regulaciones para la arquitectura y para el comportamiento humano. Pero la población viola con alarmante frecuencia las regulaciones constructivas y las que norman la dinámica social, sin otro resultado que la impunidad más absoluta. Existen, además, instituciones de muy alto nivel como el Consejo de Estado y Atención a la Ciudadanía, a donde los ciudadanos pueden remitir sus quejas cuando no son debidamente atendidos en otras instancias. Por todo el país hay fiscales, abogados, notarios y un casi infinito catálogo de documentos oficiales para todo tipo de procedimientos. Y hay una Policía Nacional Revolucionaria encargada de reprimir el delito. En cuanto a estructura no nos falta casi nada de lo que caracteriza al sistema legal de cualquier país civilizado. Pero sobre la eficacia de esas estructuras no puede decirse lo mismo.

Nuestras leyes necesitan ser enriquecidas, perfiladas y actualizadas, pues todo es perfectible. Por ejemplo, debería ampliarse el concepto de Acoso, una figura que hasta hoy solo refiere en nuestro país al acoso sexual, cuando ya en otros países de Occidente se reconocen, además, el acoso escolar, el laboral, el moral y el vecinal como figuras de delito punible. Cinco formas de acoso de las cuales la ley cubana solo reconoce una, mientras quienes practican las otras cuatro quedan siempre impunes. Y además, muchos psiquiatras de diferentes países, especializados en el tema del acoso, demandan que las víctimas sean consideradas como víctimas de guerra por la gravedad de sus afectaciones psicológicas y emocionales. Vale la pena recordar que la figura de Intimidación, bajo la cual hasta hoy tipifican en nuestras leyes las varias formas de acoso, no se ajusta a la naturaleza de ese delito, porque el acoso puede existir con o sin intimidación, con o sin amenaza.

Urge otorgar poderes más amplios a nuestra Policía, de manera que pueda intervenir, con la rapidez que únicamente a ella le es factible, en casos de infracciones, violaciones de normas y formas nuevas del delito de las que hoy solo se ocupan  instancias tan burocratizadas que la respuesta  a una denuncia o la obtención de un simple permiso para desglosar una vivienda pueden demorar años, si es que llegan a materializarse algún día. Sí, tenemos muchas leyes, pero… ¿se cumplen…?

Revisemos dos casos donde resulta evidente la relación vinculante entre el deterioro moral y social y la violación de normas de Arquitectura y Planificación Física, y cuyo resultado, la impunidad, está dañando a las personas afectadas en su derecho al tranquilo usufructo de sus propiedades, en su moral, en su ética y hasta, peligrosamente, en su salud:

CASO 1-. Enrique, anciano propietario de un apartamento en un edificio múltiple ubicado en la barriada de Santos Suárez, se queja de que una joven casada con un ciudadano italiano compró un apartamento en ese inmueble, y luego ha continuado comprando allí otros apartamentos que, a su vez, ha subdividido en cuartos para alquilar por horas a parejas, y para facilitar un acceso más íntimo a sus “clientes” ha agregado al edificio un par de escaleras y unas cuantas puertas, ventanas y aires acondicionados, ignorando olímpicamente la norma que prohíbe colocar puertas y ventanas frente a las ya existentes. Como consecuencia de esta arbitraria apropiación de los espacios colectivos del edificio, cada vez que Enrique abre  la puerta de su apartamento su intimidad queda expuesta  a las miradas impertinentes de los clientes ilegales — y con frecuencia de muy mala catadura— que hacen uso de la escalera ilegal. Nadie en el edificio está de acuerdo con que el inmueble se haya convertido en un motel (para darle a esa acción constructiva un nombre elegante), ni con las transformaciones desordenadas y arbitrarias que ha sufrido la estructura y perturban la privacidad y la seguridad de todos. Alguno ha reclamado ante las instancias pertinentes, pero… no pasa nada. La osada joven continúa ampliando su negocio.

La falta de un mínimo ordenamiento de la vida dentro del edificio hace que florezca el individualismo y no el colectivismo en estos inmuebles. Muchas de las indisciplinas sociales tienen su germen en estos edificios sin ley ni orden visible en su gradual degradación[2].

¿Y por qué en los edificios múltiples no hay ley ni orden visible, por qué falta en ellos un mínimo ordenamiento? Antes de 1959 los edificios múltiples tenían caseros o dueños que hacían firmar a los inquilinos contratos donde quedaban claramente estipulados los deberes de quienes arrendaban un apartamento o un cuarto en el inmueble. Yo conservo en mi poder el contrato firmado por mis padres ante la dueña del edificio donde vivimos hasta hoy, documento que después de tantos años ya tiene carácter de antigualla histórica, y en cuyos incisos se advierte claramente:

SEXTO: —El arrendatario se compromete a entregar la casa objeto de este contrato en el mismo estado de conservación en que la recibe […]

SÉPTIMO:—Queda especialmente convenido que el arrendatario no podrá sub-arrendar en todo ni en parte la casa o departamento arrendado, ni destinarlo a otro uso que no sea al de su propia y exclusiva vivienda […]

OCTAVO:— Al arrendatario le está prohibido tener animales en el edificio,  hacer ruidos innecesarios, formar reuniones en los pasillos, arrojar por puertas y ventanas basuras o cualquier otro objeto, usar aparatos de radio con demasiado volumen, o causar molestias a los inquilinos de las casas o apartamentos contiguos

—El arrendatario no podrá cambiar las pinturas de la casa sin el consentimiento de la propietaria por escrito, y solamente con la marca de pintura que esta indique.

A quienes no se mostraban capaces de cumplir con esas normas de convivencia, el dueño les rescindía el contrato y se veían obligados a abandonar la vivienda. Es verdad que este régimen de casatenientes  permitía a los dueños de inmuebles abolir el contrato a una familia si deseaban alquilar a otras personas. Era un régimen que hacía lugar para injusticias varias, y sin embargo garantizaba el orden necesario para la convivencia vecinal.

Tras el triunfo de la Revolución llegó para los arrendatarios la posibilidad de convertirse en propietarios mediante el pago al Estado del importe de sus viviendas. Apareció entonces el Consejo de Vecinos, integrado por todos los núcleos familiares que habitaban el edificio múltiple. El Consejo de Vecinos nombraba un Presidente o un Encargado, y las diferencias entre vecinos o las decisiones a tomar sobre problemas materiales del inmueble se dirimían o se tomaban en forma colegiada. El Encargado debía velar por el buen funcionamiento de la plomería, los motores de agua, la limpieza de las áreas comunes, y cobraba una pequeña cuota mensual a cada núcleo de habitantes para hacer un fondo que permitiera costear cualquier arreglo necesario en la edificación. El Consejo de Vecinos podía reunirse y requerir a algún vecino, fuera o no propietario de su apartamento, si estaba causando molestias a otro u otros vecinos o daño a la edificación. Debo decir que personalmente jamás presencié que alguien se negara a pagar las cuotas mensuales o que un vecino sometiera a otro a molestias o abusos por más de unas horas. Una queja al Consejo de Vecinos bastaba para terminar el problema. Pero

[…] los edificios de apartamentos […] constituyen un 56% del fondo total de las viviendas. La falta de claridad sobre la propiedad del edificio y su posterior gestión ha conducido a un papel pasivo o nulo de los llamados Consejos de Vecinos ―en los casos donde existan―, que carecen de instrumentos y personalidad jurídica tanto para ordenar y regular la vida en estos inmuebles, como para enfrentar su mantenimiento. Los vecinos no se sienten responsables por su mantenimiento y cuidado al considerarlo una responsabilidad del Estado. Por esta razón, los inquilinos no se ven obligados a pagar una mensualidad para sufragar trabajos de mantenimiento o reparaciones e incluso se niegan hacerlo. En los edificios de apartamentos no existe siquiera un reglamento público que permita conocer los derechos y deberes de los inquilinos y evitar así disputas o apropiaciones indebidas de sus espacios comunes, que son modificados en detrimento de la integridad del inmueble[3].

Sin embargo, cualquiera puede encontrar en Google, en el sitio www.eumed.net/rev/cccss/04/oghp.htm y con fecha de junio de 2009, EL RÉGIMEN DE EDIFICIOS MÚLTIFAMILIARES Y SU FORMULACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RELACIONES VECINALES, firmado por el Lic. Erick Ortega García y la MsC. Misalys Hernández Pérez, con una extensión de ocho páginas, donde queda claramente definida la existencia de un derecho privado que regula las condiciones de convivencia en edificios múltiples o multifamiliares, y un derecho administrativo que regula los deberes de los vecinos para con el inmueble, y los procedimientos a seguir en caso de cualquier tipo de infracción de estas normas. Entonces ¿por qué no hay ley ni orden en los edificios multifamiliares y los vecinos pueden modificarlos y hasta vandalizarlos a su antojo, llegando a afectar severamente a otras personas en aspectos varios de la vida? ¿Por qué los Consejos de Vecinos no cumplen con sus funciones? ¿Estará entre las posibles causas la aparición de la condición de propietario…?

La posibilidad de poseer la propiedad sobre una vivienda ha creado una grave confusión en la mentalidad de muchos ciudadanos, lo mismo si se trata de la propiedad sobre una casa independiente que sobre un apartamento en un edificio múltiple, porque tal condición hace nacer en la mente del propietario la certeza de que puede hacer lo que se le venga en gana en el interior y en el exterior de su propiedad y no será de su incumbencia cualquier efecto negativo que su accionar tenga sobre otros vecinos o sobre la comunidad. Por ejemplo, abundan los casos donde el propietario, en su afán por ganar espacio para su casa se “apropia”, también, de un área de la acera o de unos cuantos metricos del patio del vecino o del parqueo estatal que  colinda con su vivienda. O casos penosísimos de inmuebles con una casa en la planta baja y otra o un apartamento encima, donde el propietario de los bajos le quita al de los altos el acceso al agua porque decide que la toma, la cisterna  o el motor le pertenece solo a él. Y tampoco pasa nada. Las variantes son infinitas.

Cuando se trata de edificios múltiples la situación puede resultar aún más conflictiva debido a la propiedad común sobre motores y tanques de agua, instalaciones eléctricas, espacios  exteriores y paredes compartidos, etc. Son legión  los casos de enfrentamientos generados por ruidos de diferentes clases, ya sea por uso y abuso de equipos electrodomésticos, en especial de música, equipos de aire acondicionado mal instalados o en mal estado,  arrastre de muebles, claveteos continuos, uso de sierras eléctricas, festividades atronadoras, febricitantes juegos de dominó y otras muchas acciones abusivas cuyos cometedores no son requeridos por instancia legal alguna aunque exista la demanda contra ellos.

CASO 2- Al edificio de Marta, discapacitada físico-motora con daños neurológicos severos y lesiones cerebrales, peritada y miembro de la ACLIFIM,  llega un nuevo núcleo familiar que instala aires acondicionados defectuosos o mal montados. El apartamento de Marta comienza a sufrir fortísimas vibraciones que se extienden a los muebles y la cama de Marta, y durante una madrugada de vibraciones especialmente intensas estas  hacen  estallar los cristales de las ventanas de su habitación. Las dolencias de Marta se agravan y su calidad de vida disminuye notablemente, está estresada, necesita aumentar la medicación para sus dolores crónicos, y como ante las protestas de su familia los nuevos vecinos agreden su domicilio Marta tiene miedo y comienza a padecer insomnio. Hay que poner una reja en su puerta para que se sienta segura. Ningún organismo municipal responde a sus demandas, o inician amagos de procedimientos que nunca llevan a término. La policía interviene en su favor requiriendo a los vecinos, hasta que la Fiscalía municipal desestima inexplicablemente la denuncia de la víctima por daños a su propiedad. Los familiares de Marta acuden a varias instituciones estatales en demanda de un dictamen pericial que pruebe la existencia de las vibraciones, para poder demostrar sus efectos nocivos sobre la salud de Marta e iniciar un proceso civil ante Tribunales que  la libere de su dramática situación. Un especialista del CITMA municipal acude a la vivienda de Marta, comprueba la existencia de vibraciones, las certifica por escrito  y… nunca regresa. Por diversas razones, entre las que pesa mucho la ignorancia/incredulidad de las autoridades con respecto a los elementos del conflicto relacionados con la pura Física, la queja de Marta no va a ninguna parte y los vecinos continúan torturándola impunemente. Durante dos años la familia lucha buscando solución al sufrimiento de esta discapacitada, pero descubren anonadados que parecen no existir leyes en el país que obliguen a los vecinos a arreglar sus equipos o montarlos adecuadamente. Según los expertos de Planificación Física consultados, Cuba no tiene legislado nada sobre aires acondicionados. Los culpables no se presentan a la Junta de Prevención convocada por el Consejo y el Sector de la PNR y no les pasa nada, ni a la citación de la Fiscalía Provincial… y tampoco les pasa nada… Parece  increíble, ¿verdad?, pero la historia de Marta es un hecho real. Y no tiene suerte, pues recientemente se ha mudado al edificio otro vecino que en pocos días demuestra una asombrosa capacidad para producir ruidos intensos en su piso, que es el techo de Marta. La familia intenta de nuevo sensibilizar al recién llegado explicándole el estado de Marta, pero la respuesta los deja anonadados: “Yo he comprado este apartamento, ¡YO SOY EL PROPIETARIO! y ustedes tienen que acostumbrarse a vivir en un edificio múltiple”. La familia de Marta ocupa esa vivienda desde hace sesenta años. El cinismo aquí deviene  absoluta falta de moral.

Cabe preguntarse si en ese edificio existe un Consejo de Vecinos y qué ha hecho para ayudar a Marta. Existe, pero no puede hacer nada porque no tiene personalidad jurídica, como bien señala Coyula y, además, su Presidente no está obligado a ejercer sus funciones porque el Estado no le paga salario alguno por ese cargo, así que… no pasa nada. El caso de Marta pertenece a Edificios Múltiples, una dependencia de la Dirección Municipal de la Vivienda, que envía uno de sus técnicos a inspeccionar, pero… tampoco pasa nada, porque según explicaciones ofrecidas por los funcionarios de esa entidad, la misma no tiene poder para aplicar y hacer cumplir su propio Reglamento, y su función se limita únicamente a persuadir. Las Subdirecciones municipales de Vivienda tienen un Departamento de Diagnóstico donde la persona afectada puede solicitar, previo pago de una tarifa establecida, la visita a su morada de un inspector. La familia de Marta abonó el precio  y recibió un comprobante de pago, pero nunca fue visitada. Ni siquiera la Fiscalía Provincial parece capaz de poner fin a esta situación tan indignante. ¿A dónde podrían dirigirse Marta y su familia para encontrar soluciones? ¿Por qué estos vecinos abusivos y, en este caso específico, crueles, continúan impunes?

El ciudadano común puede descubrir, en su doloroso y angustiante peregrinaje por las instituciones estatales, que todos sus esfuerzos resultan vanos. Escribe cartas, acude a entrevistas, hace interminables y agotadoras antesalas, aguarda pacientemente los sesenta días que cada institución demora para conceder respuestas, y  yendo de institución en institución van pasando los meses y hasta los años. El expediente del demandante va creciendo como un bosque frondoso, se llena de resúmenes de historias clínicas, de fotos de los daños, de certificados, de documentos de notaría, de cartas que explican los fracasos de gestiones anteriores, recibe promesas que no se cumplen, papeles y firmas que no le conducen a ninguna parte: en suma, cada expediente es la historia de un fracaso que suma arrugas no solo a la arquitectura, sino también al alma de la ciudad. El Delegado de la Circunscripción  solo tramita; el trabajador social verifica la situación y en ocasiones, cuando el caso presenta un carácter harto sensible como el de Marta, intenta persuadir a los malos para que se vuelvan buenos, pero no es extraño que los malos le  nieguen el acceso a sus viviendas; los funcionarios municipales no actúan; la policía, si no está avalada por la autorización de alguna Fiscalía, no tiene suficiente poder para intervenir en situaciones que, aunque no tipifiquen como la clase de delito que ella suele atender, por su urgencia y peligrosidad resultan impostergables; los documentos se extravían; las inspecciones no conllevan al codiciado dictamen pericial… No hay multa, no hay castigo para quienes se burlan de las leyes y se niegan cínicamente a cumplirlas. No hay  alivio para los ciudadanos que han sido vulnerados en sus derechos y cada día pierden un poco más la fe en la capacidad del Estado para respaldarlos.

El llamado Periodo Especial ha magnificado estos problemas que ya venían de antes. A la falta de control interno por parte de los inquilinos se ha sumado la falta de control por parte de las autoridades. Las regulaciones urbanísticas son hoy como semáforos apagados que están ahí, pero no ordenan ni regulan. El control urbano es hoy crítico debido a la falta de personal calificado para realizarlo. En el Centro Histórico de la Habana Vieja, con una población de 60 mil habitantes, trabajan 35 profesionales en su oficina del Plan Maestro, mientras la ciudad cuenta con unos 70 para una población de 2,2 millones, de modo que es más crítica esta situación en número y calificación en sus otros municipios [4].

No sé si las cifras que menciona  Coyula se mantienen hoy, pero la falta de personal calificado no justifica la inoperancia de las instituciones estatales, porque cuando es necesario el personal se busca y se califica debidamente. Ese no puede ser jamás un pretexto y menos una explicación para justificar la bochornosa inercia de tantas instituciones para hacer cumplir las leyes de nuestra República.

¿Por qué no hacen cumplir las leyes quienes reciben un salario del Estado para aplicarlas? ¿Por qué no se imponen multas a los burladores de la Ley? ¿Por qué reina la impunidad entre la ciudadanía y ondea por doquier el impúdico lema: “No pasa nada”? ¿Qué puede hacer un ciudadano particular contra una institución del Estado que no atiende sus demandas? ¿Acaso demandar a la institución indiferente ante otra institución estatal de mayor rango? Así se instaura un circo de demandas cuya función nunca termina. Y la opinión generalizada entre la población es que aún así tampoco pasa nada.

¿Hizo mal la Revolución en conceder a todos los ciudadanos de la isla la posibilidad de ser propietarios de sus viviendas? En modo alguno. ¿No debería el Estado permitir  a los propietarios cubanos construirse inmuebles de acuerdo con sus gustos? En modo alguno, pero hay regulaciones destinadas a preservar el estilo arquitectónico de algunos municipios que tienen que ser respetadas. El Estado cubano tiene la obligación de impedir la destrucción de la identidad de su capital, que es Patrimonio de la Humanidad, y en cuanto a las dinámicas de convivencia resulta imperioso educar a la población en la conocida máxima del presidente mexicano Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. La libertad nunca es perjudicial en sí misma, pero la ausencia de la noción del límite puede resultar tremendamente peligrosa, y para marcar los límites de la libertad son necesarias las leyes y es necesario que el Estado las haga cumplir.

La conciencia social de los cubanos necesita ser despertada de su actual letargo. Tenemos que enfrentar la realidad y admitir que no estamos a punto de, sino que YA se han cruzado los  límites y muchos postulados del orden social se encuentran subvertidos o abiertamente abolidos, y no es posible seguir esperando para señalar y castigar a los culpables, que no son únicamente los individuos, sino —y sobre todo—  quienes  alimentan con su inercia la plaga de la impunidad. La siguiente cita de Coyula aplica tanto para la inacción de instituciones relacionadas con la arquitectura y el urbanismo, como para aquellos individuos que necesitan instaurar el caos como sistema de vida para favorecer  sus intereses egoístas y mezquinos:

 […] La arrogancia de algunos, además de la falta de un accionar preventivo sobre estas entidades y las limitadas capacidades de las instituciones encargadas del control urbano, ha alimentado la insana mentalidad de que el fin justifica los medios. La escala del desorden es tal que en algunos casos como en Alamar se han invertido los términos: lo que está mal es ahora lo normal y lo que estaba bien es ahora lo anormal [5].

La Ley no es solo para reprimir, es también para educar. Cuba, ejemplo para el mundo en la defensa de su soberanía mantenida por más de seis décadas frente al imperio más poderoso de nuestra época; dueña de un sistema de salud capaz de beneficiar a tantos países; creadora de una de las organizaciones más eficaces del planeta para la prevención y enfrentamiento de catástrofes; una nación que siempre ha dado muestras de su gran potencial en tantos frentes de batalla, ¿cómo no va a poder restablecer los valores más sanos dentro de su propio orden social? La civilización es el resultado de milenios de aprendizaje, y su legado no pervive por arte de magia, hay que luchar y trabajar  para mantenerlo cada día, solo ese esfuerzo constante puede salvar  a la especie humana del  regreso a la barbarie. Hay para todo un punto de no retorno, y nosotros ya estamos peligrosamente cerca del abismo. Vengan o no cambios para el porvenir, sea cual sea su envergadura y quede ese futuro cerca o lejos, tenemos que preparar a Cuba para los tiempos que se avecinan si queremos preservar nuestra auténtica cultura, nuestra verdadera identidad, nuestra vital y necesaria cohesión como nación libre y soberana, y algo sumamente importante para conseguir todo lo demás: el orden interior. Si queremos que nuestra Ciudad Maravilla sobreviva y nosotros con ella y haya Cuba por los siglos de los siglos.

 

 

[1] Las cariátides aparecen en la Grecia del siglo V a.C, y representan a las damas nobles de Caria, una ciudad del Peloponeso que se alió al imperio persa contra la liga de las ciudades griegas durante las Guerras Médicas. Los griegos tomaron Caria, y como castigo por la traición de la ciudad asesinaron a sus hombres y a sus mujeres las redujeron a la más ignominiosa esclavitud, por eso se las representa soportando sobre sus cabezas el peso de muros y frontispicios.

[2] Miguel Coyula, Op. Cit.

[3] Coyula, Op. Cit.

[4] Coyula, Op. Cit.

[5] Coyula, Op. Cit.

 

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Acerca de Gina Picart

Soy escritora, periodista especializada en La Habana de la colonia y la república, investigadora, crítica literaria, guionista de cine, radio y televisión
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